Estamos al final de un
gobierno nefasto. El peor de nuestra historia reciente y probablemente el peor en
la historia de Colombia. Que no vaya a creer la posteridad que un individuo tan
perturbado, incompetente y moralmente cuestionado como Gustavo Petro fue un
buen presidente.
Anhelo que todos los individuos
sin conflictos éticos ni cognitivos dejen al porvenir su testimonio, para que
no falsee la izquierda radical la historia de Colombia.
El comportamiento personal del
presidente y su conducta moral avergüenzan al país. Los desaciertos de un
gobierno pueden ser disculpados en la medida en que puedan haber sido
equivocaciones cometidas de buena fe. En el caso de Petro los males son la
consecuencia de una intención cínicamente inmoral.
La mala administración y la
fractura de valores permea la mayoría de los campos en los que el Gobierno tomó
decisiones. En todos la documentación abunda, los hechos y las consecuencias
están a la vista.
Las discutibles campañas
presidenciales. Su campaña presidencial y la de su candidato a
sucederlo enmarcan 4 años en los que todo, de comienzo a fin, tuvo el halo de
la incorrección y el fraude. Empieza con la vulneración por la campaña Petro
Presidente de los topes de financiación en 5300 millones de pesos, según el
mismo Consejo Nacional Electoral -hecho punible con 4 a 8 años de prisión- y el posible ingreso de dineros de oscura
procedencia -¿conoceremos la verdad del Pacto de la Picota?-; y termina con la
descarada participación en política del mandatario, prohibida y condenada por
la Constitución Política (artículo 127), por la Ley de Garantías, por el Código
Penal y el Código Disciplinario; respetuosa tradición de los gobernantes en Colombia
hecha trizas por Gustavo Petro, dispuesto a conseguir por todos los medios la
elección de Iván Cepeda. El
amedrentamiento y la sospecha de fusiles apuntando a la cabeza de los electores
para torcer la voluntad popular no dejan buen recuerdo.
Exacerbación del resentimiento. Petro
alentó la lucha de clases y el odio entre los colombianos, amedrentó a la
nación con el llamado a sus más anárquicos seguidores, a los que impropiamente
llamó el pueblo, a defender sus causas, toda vez que otros poderes públicos les
pusieron límite. Promovió el vandalismo y el desorden. La empresa privada y el
capital fueron sus declarados enemigos. Buscó la ruina de los empresarios y fue
enemigo del capital privado, fuente de productividad y empleo.
Reinado de los sesgos
ideológicos. La óptica marxista anacrónica de Petro
pretendió derribar todas las estructuras cimentadas bajo el modelo capitalista.
La mentira, la difamación y la calumnia fueron componente habitual de su
discurso y su estrategia para demoler lo construido. Quiso en su megalomanía
refundar el país, acabar con lo existente para comenzar de nuevo. Ese fue el
origen de sus muchas reformas, la mayoría hundidas en el Congreso, a pesar del
soborno de parlamentarios. Iván Name,
presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, terminaron en
la cárcel. En su irrespeto por la división de poderes, trató de sacarlas
adelante a punta de decretos. Sus afirmaciones calumniosas fueron muchas veces objeto
del llamado de los jueces a rectificar.
Irrespeto de los poderes
públicos y la constitucionalidad. Petro irrespetó constantemente
los fallos judiciales y la dignidad de cortes y magistrados. El debido respeto
a la Constitución lo convirtió en insubordinación permanente. Sus reacciones
desproporcionadas, descalificaciones, intimidaciones y hasta amenazas de
denuncia penal contra magistrados por desaprobación de reformas y decretos
fueron actos inauditos en un gobernante. Tergiversando los hechos muchas veces
los atribuyó a “golpe blando” contra su gobierno, cuando era él quien pretendía
quebrar el Estado Social de Derecho. Bástenos recordar como ejemplo su reacción
a fallos como el freno a la reforma pensional, las órdenes de rectificar graves
acusaciones calumniosas, la suspensión del decreto con que convocaba una
consulta popular y la restricción de sus abusivas alocuciones presidenciales.
Ataques a la libertad de
prensa. Los periodistas fueron objeto de fuertes señalamientos por
el presidente. No promover sus reformas o ser críticos de la corrupción del
Gobierno los hicieron blanco de sus agravios. De “muñecas de la mafia”, por
ejemplo, tildo a algunas periodistas a quienes acusó de buscar la
criminalización de la protesta social. Cuando la Fundación para la Libertad de
Prensa le pidió no estigmatizar a periodistas y medios que investigaban asuntos
de interés público Petro intentó desacreditar a la fundación con nexos con el
paramilitarismo. Reporteros sin Fronteras reaccionando contra la conducta del
mandatario, hizo un pronunciamiento en el que señalo que el presidente ante las
críticas tildaba a sus autores de canallas y mentirosos, y los acusaba de
querer desestabilizar su gestión. Asomedios como la Sociedad Interamericana de
Prensa también debieron pronunciarse contra la conducta de Gustavo Petro.
Reformas y malas intenciones. Petro
prometió e intentó cambiar el país, y efectivamente consiguió deteriorarlo.
Para eso fueron los proyectos de reforma. Fueron archivada su Reforma a la
Salud, hundida la Reforma a la Educación y la Ley de Financiamiento o Reforma
Tributaria. Consiguió la Reforma Pensional, que aún no tiene la declaratoria de
exequibilidad de la Corte Constitucional, la Reforma Laboral y la Reforma
Tributaria del 2022. Todas las defendió con sofismas y mentiras. Su Reforma a
la Salud se basó en una falsedad: que el sistema de salud colombiano era uno de
los peores del mundo. Gran mentira: ocupaba el puesto 22 en eficiencia entre
191 países, mejor ubicado que el de Estados Unidos y varios países europeos.
Para The Economist era el sexto mejor en inclusión. Su cobertura era
casi universal. En América Latina siempre estaba en el top 5. Los
médicos sabíamos que había que hacerle reformas para mejorarlo, pero nunca
destruirlo. La intención del mandatario
ideólogo de izquierda era acabar con las Entidades Promotoras de Salud y
controlar los recursos financieros.
Intervino las EPS, las quebró,
las entregó en peores condiciones y en su empecinamiento llevó a la muerte y a
la inasistencia a multitud de enfermos. Él y su ministro Guillermo Alfonso
Jaramillo tienen una deuda con el país y la justicia, que no debería quedar
impune.
Petro, hábil manipulador de la
realidad y mitómano consumado depauperó primero entidades y programas provechosos
que pretendía liquidar para poder mostrarlos en ruinas y poderlos intervenir. Así
lo hizo con la salud: la arruinó, mostró a las EPS como responsables de esa
ruina, y fundó en ello la necesidad de reformarla.
Gobierno y funcionarios en la
mira.
Para perpetuar su ideología Petro llevó a cargos del Gobierno a sus afines,
personas sin conocimiento, pero defensoras aguerridas de la izquierda; sin
talento, sin títulos, u obtenidos de forma fraudulenta, corruptas muchas, de
ahí escándalos como el de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riegos de
Desastres), por solo mencionar uno de tantos. Personas eficientes y técnicas
como el ministro José Antonio Ocampo poco duraron.
La cifra de funcionarios bajo
la lupa de la justicia sobrepasa los casos fortuitos de un gobierno. Piensa uno
que la administración Petro tuvo por finalidad delinquir. De sus ministros,
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se encuentran detenidos; Armando
Benedetti, es juzgado por la Corte Suprema; Carlos Ramón González, que fue Jefe
Administrativo de la Presidencia y clave en el saqueo a la Unidad para la
Gestión del Riesgo se fugó a Nicaragua y es juzgado en ausencia; Olmedo López,
exjefe de esa unidad está tras de rejas; Ricardo Roa, presidente saliente de
Ecopetrol y exgerente de su campaña presidencial está llamado a juicio. Otros,
como Sandra Ortiz, Alta Consejera para las Regiones, estuvo privada de la
libertad y hoy libre por vencimiento de términos. Juliana Guerrero no alcanzó a ser su viceministra
de Juventudes, porque a tiempo se descubrió el dolo de su título, expedido sin
haber cursado la carrera, caso menor frente a la red de corrupción y tráfico de
influencias que dirigía desde la Casa de Nariño; y es solo una pequeña muestra
de la cantidad de tramposos designados por el mandatario que iba a acabar la
corrupción en Colombia
La pulcritud ausente. Las expresiones
del mandatario fueron pródigas en falacias, sofismas, afirmaciones
irresponsables, sin sustento. Su incumplimiento, la falta de etiqueta, el
consumo de drogas y la vulgaridad fueron un lunar inaceptable en quien
representaba el nombre de Colombia. Los
gastos del presidente y su familia fueron abusivos, con despilfarro de los
recursos públicos, marcados por la ostentación y el derroche. Sus 81 viajes al
exterior, onerosos, prescindibles muchos, particularmente aquellos que
terminaron por avergonzar al país dado el comportamiento impropio del primer
mandatario.
Mandatario de promesas
incumplidas. Petro defraudó a muchos de los que confiaron en
él. Puso fin a programas sociales para la equidad a cargo del Gobierno
nacional. Ser Pilo Paga, que beneficiaban a estudiantes sin recursos para
cursar estudios de alta calidad en universidades de élite desaparecieron, pesó
más la animadversión del presidente a lo privado que el beneficio a los
estratos bajos. El programa de subsidios para adquisición de vivienda de
interés social y prioritaria Mi Casa Ya fue suspendido. Incumpliendo con las
expectativas sembradas en campaña, Petro recortó y suspendió subsidios en el
ICETEX y lejos de fortalecerlo le disminuyo su presupuesto. A Colfuturo,
alianza público-privada, que financia maestrías y doctorados en las mejores
universidades del mundo, le quitó el apoyo. Sin el aporte económico del
Gobierno siguió funcionando. Hay más sensibilidad social en el sector privado
que en boca de políticos populistas.
El presupuesto para la
educación siguió la curva ascendente de gobiernos anteriores y cosa curiosa
llegó a la cifra histórica de 88.2 billones justo en el año de las elecciones,
pero la mayor parte se fue en gastos de funcionamiento (¿los miles de nuevos
cargos fueron justificados? ¿se alimentó la burocracia?), el rubro en inversión
porcentualmente fue en retroceso. De tal manera que las 100 universidades y
complejos de educación prometidos nunca se vieron. El mismo informe de empalme del ministerio de Educación mostró
cómo de 122 proyectos 44 tenían una ejecución del 0%. Al deporte le fue peor.
Al aumento constante del presupuesto en el gobierno anterior, de 531000
millones a 740000 millones, en el de Petro disminuyó de 813000 millones a
496000 millones. Y el que dejó para el 2027 no es mejor: 208000 millones. De
nada valieron las protestas de los deportistas.
El desastre de la economía. El desplome
de Ecopetrol es una de las más deplorables. La estatal, históricamente la
empresa más rentable del país, vio disminuir sus utilidades desde el máximo
histórico en el 2022, durante la administración Duque, de 33.4 billones a 9
billones de pesos en el 2025. Tuvo un decremento de sus ingresos operacionales
de 159.5 billones en el Gobierno anterior a 68.8 en el primer semestre del
2026. En su génesis: tercas políticas de hidrocarburos y bloqueo de proyectos
rentables, que llevó a que la petrista Unión Sindical Obrera se alejara del
mandatario y pidiera hasta el retiro del cuestionado presidente de Ecopetrol,
Ricardo Roa.
El derroche del Gobierno y el
manejo irresponsable de la economía llevó el déficit fiscal de 3.2 a 6.4%. La
deuda pública, de alrededor de 800 billones de pesos en agosto del 2022 pasó a
1169.9 billones en mayo del 2026 (máximo histórico y 61% del PIB). La
calificación soberana de Colombia disminuyó de BB+ (Fitch Ratings y Standard
& Poor's) y Baa2 (Moody's) al comienzo de su mandato a BB (Fitch Ratings),
BB- (Standard & Poor's) y Baa3 (Moody's) al final de su período.
Además, El patrimonio neto contable de Colombia pasó de 137
billones de pesos en el 2022 a un saldo negativo de 273 billones al término de
la administración.
Petro endeudó irresponsablemente
al país colocando TES (Títulos de Tesorería) a exageradas tasas de hasta 14,79
por ciento, cuando en gobiernos anteriores fluctuaban entre 5 y 9%. Y en su
fanfarronería, para hacer más estragos, quiso pasar por encima del Banco de la
República, ente independiente autónomo por Constitución y autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia.
La disminución del desempleo. No fue
una hazaña que deba celebrarse, correspondió al aumento de contratación por el propio
Estado, afectando la sostenibilidad fiscal, y al aumento de la informalidad.
La paz total. Fue un
calculado plan que pudo comenzar con el Pacto de la Picota para desmantelar la
Fuerza Pública y favorecer a todo tipo de grupos criminales. Al final de su
mandato y en nuevo y aterrador escándalo se conoce que buena parte del llamado
a calificar servicios de más de 80 generales y almirantes obedeció a favores a
los delincuentes para evitar operaciones en su contra, o represalias por
haberlas ejecutado. Entre tanto, más de un centenar de criminales fueron
designados gestores de paz y levantadas, a pesar de su peligrosidad, las
órdenes de captura. Muchos hasta compartieron tarima con el presidente, como
ocurrió en La Alpujarra el 21 de junio del 2025. El Clan del Golfo duplicó sus
miembros durante su gobierno, llegaron a 10000 y aumentaron su presencia
territorial: de 165 municipios pasaron a 338. En términos generales al comenzar
su administración había menos de 15000 integrantes de grupos armados, al
terminar son más de 27000.
Seguridad y criminalidad. Toda
la criminalidad creció y la seguridad se deterioró gravemente. Los homicidios
durante su gobierno superaron los de las administraciones que tanto criticaba. Entre
el 7 de agosto del 2022 y julio del 2026 se registraron 704 asesinatos de
líderes sociales y 357 masacres. El gobierno de la Paz Total vio crecer en más
de un millón las víctimas del conflicto armado, según la Unidad para las
Víctimas, otro tanto fue la cifra de desplazados. Con sobradas razones Amnistía
Internacional rajó en Derechos Humanos al presidente de la “Colombia, Potencia
Mundial de la Vida”.
No hubo interés en mantener
bien dotadas a la Policía y a las Fuerzas Militares. A la vez que perdían
miembros se deterioraban sus equipos. El mismo informe de empalme, por ejemplo,
presentado por la administración Petro reveló que 310 aeronaves, es decir la
mitad de la flota aérea de la Fuerza Pública, no se encentraba en condiciones
de operar. De otra parte, la meta de construir cárceles para 7127 nuevos reclusos
nunca se cumplió, ninguna prisión se terminó y el hacinamiento creció, igual el
déficit de guardianes.
Los escándalos hasta el final. Al muy conocido de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, UNGRD, en que se desviaron fondos públicos para pagar
sobornos a congresistas para asegurar su apoyo a las reformas del ejecutivo,
siguió una cascada que solo podrá frenar la entrega del poder el 7 de agosto
del 2026.
Ni en los últimos días de su
gobierno Petro dejo de generar hechos repudiables. A 11 días de terminar su
mandato el inescrupuloso mandatario hizo públicos apartes de la historia
clínica psiquiátrica de una exfuncionaria, exdirectora del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), para restar
credibilidad a sus acusaciones sobre la corrupción en la Casa de Nariño. La funcionaria lo demandó ante la Comisión de
Acusación de la Cámara de Representantes el 29 de julio. Ese día la ministra de
Transporte María Fernanda Rojas exigió que se investigaran a fondo los
contratos que se estaban cocinando en la Aeronáutica Civil ante la sospecha de
corrupción. Allí una estudiante de 20 años recién graduada, Gabriela Muñoz,
movía los hilos del poder.
Las contrataciones de los últimos días del gobierno
también fueron motivo de escándalo. Tras el levantamiento de la Ley
de Garantías hubo una avalancha de contrataciones directas para evitar las licitaciones
y de contrato de personal por prestación de servicio. Su objetivo: consolidar
el apoyo político y blindar funcionarios y contratistas afines al pacto
histórico, así como dejar amarrada la burocracia y el presupuesto. Del 22 de
junio al 1 de julio se suscribieron 14414 contratos por 4,5 billones de pesos.
Un largo inventario. El balance de un gobierno puede ser interminable, el
de Petro indudablemente lo es, pero a diferencia de otros, está lleno de saldos
rojos, lunares, zonas grises, inmoralidad y trasgresiones.
Queda para abordar en un nuevo texto la deforestación
-que pese a su discurso ambientalista y a haber conseguido el mínimo histórico
en el 2023, continuó en constante in crescendo-, las denuncias de
interceptaciones ilegales, la infiltración de la inteligencia del Estado por
criminales con la complicidad de altos funcionarios, la baja ejecución
presupuestal, las denuncias de contratos sin licitación, los dineros
embolatados de los Caminos Comunitarios para la Paz Total -contratos que se
hicieron y vías que no se construyeron-, el rotundo fracaso de la Paz Total, la
multitud de “gestores de paz” que bajo la protección del Gobierno seguían
delinquiendo, el crecimiento de cultivos de coca con récord histórico de 230000
hectáreas sembradas, el magnicidio de Miguel Turbay -desprotegido por la Unidad
Nacional de Protección y sin esclarecer aún la participación del Gobierno-, el
reconocimiento de los vándalos de la “Primera Línea” en “voceros de paz”, las
confrontaciones institucionales, la multitud de escándalos judiciales -los
cuales apenas he esbozado-, la negligencia en la pérdida de la sede de los
Panamericanos en Barranquilla, la violación al principio de no intervención
arremetiendo contra mandatarios de derecha y respaldando dictaduras de
izquierda, el habitual nombramiento de personas sin idoneidad en cargos
públicos, sus hazmerreíres internacionales, sus falsos trinos, sus
impuntualidades diplomáticas, sus intervenciones atrevidas e insólitas como la exhortación a las Fuerzas
Armadas estadounidenses, en Nueva York,
a desobedecer las ordenes presidenciales.
Epílogo. El
triste epílogo de esta reflexión es que el país no estará a salvo de repetir gobiernos
semejantes, pues se trata de un proyecto empecinado en perpetuarse a toda costa,
recurriendo a todas las formas de lucha propias del comunismo, y que, además, cuenta
con un caudal enorme de seguidores producto de la ignorancia, de la ingenuidad,
del resentimiento social o de la conveniencia, en la que contratos y cargos con
el Estado compran la fidelidad. Ni qué decir de la descarada compra de votos y
las alianzas con todo tipo de criminales que intimidan al elector.
No pretendo cambiar a un país
que parece irrescatable, pero sí dejar constancia para la posteridad de una
época aciaga en la que la que Colombia estuvo en manos de los políticos más
perversos e inescrupulosos. Que mi pluma ponga a salvo a las nuevas
generaciones de la historia fraudulenta que fabricará la izquierda que se
inspira en personajes con pies de barro como el presidente que el 7 de agosto
del 2026 termina su mandato. Un presidente que rebajó la dignidad del cargo que
ejerció, que nunca me representó y como ninguno me causó vergüenza.
LUIS
MARÍA MURILLO SARMIENTO MD.
* Este artículo es el testimonio de
un espectador que vivió el cuatrienio de un presidente indigno, y que ofrece suficientes
referencias que brindan objetividad a sus afirmaciones.
Recomiendo a los lectores acudir a la incalculable documentación que existe en la red para conocer las penosas andanzas del primer gobierno de izquierda de Colombia.
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