El secuestro y degollamiento del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, por un comando de las Farc, es un crimen más en el largo historial de la barbarie del grupo terrorista. Uno más, porque son miles las atrocidades cometidas, y miles las que cometerán si no se las detiene. Pero es único y sobrecogedor como todo asesinato depravado. No se olvidará jamás el horror del collar bomba con que las Farc acabaron a una de sus víctimas. Y esos son apenas dos ejemplos de sus habituales demostraciones de sevicia. Las Farc son genocidas, en sus manos la humanidad perecería.
No merece la vida quien no es capaz de respetarla, todo derecho lleva consigo una obligación equiparable. Y no es difícil respetar la vida, truncarla es lo que para cualquier ser normal resulta insoportable.
¿Qué consigue un crimen repudiable, más que desear para los criminales la misma adversidad? ¡Si rehacer la Patria precisa la muerte de los subversivos –asesinos infernales-, abonemos el suelo con su sangre! Es lícita la destrucción de un genocida, es un derecho la defensa de la propia vida. No queda más alternativa que la aniquilación, no como conducta vengativa, sino como recurso final de una sociedad para someter a un agresor irredimible. Y pensar que su depravación es la encumbran los comunistas de América Latina hoy asociados en la Coordinadora Continental Bolivariana. Que su degradación es la que ganó la solidaridad del dictador venezolano que hoy esconde en su territorio a sus perversos cabecillas.
Una nación no debe arrodillarse ante sus victimarios, no puede perecer inerme y resignada. Un país de 45 millones de personas no puede dejarse arrinconar por ocho o diez mil facinerosos. Las Farc no sólo son enemigas del gobierno y de la fuerza pública, son enemigas de Colombia, luego todos los colombianos debemos participar en su aniquilación. Por más bárbaras que sean, no podrán sobrevivir a las armas del Estado.
Mano firme presidente Uribe. Más firme sí se puede. En un país de gobernantes pusilánimes, de líderes sin carisma o dispuestos a tranzar con los violentos, su talante resulta imprescindible.
No merece la vida quien no es capaz de respetarla, todo derecho lleva consigo una obligación equiparable. Y no es difícil respetar la vida, truncarla es lo que para cualquier ser normal resulta insoportable.
¿Qué consigue un crimen repudiable, más que desear para los criminales la misma adversidad? ¡Si rehacer la Patria precisa la muerte de los subversivos –asesinos infernales-, abonemos el suelo con su sangre! Es lícita la destrucción de un genocida, es un derecho la defensa de la propia vida. No queda más alternativa que la aniquilación, no como conducta vengativa, sino como recurso final de una sociedad para someter a un agresor irredimible. Y pensar que su depravación es la encumbran los comunistas de América Latina hoy asociados en la Coordinadora Continental Bolivariana. Que su degradación es la que ganó la solidaridad del dictador venezolano que hoy esconde en su territorio a sus perversos cabecillas.
Una nación no debe arrodillarse ante sus victimarios, no puede perecer inerme y resignada. Un país de 45 millones de personas no puede dejarse arrinconar por ocho o diez mil facinerosos. Las Farc no sólo son enemigas del gobierno y de la fuerza pública, son enemigas de Colombia, luego todos los colombianos debemos participar en su aniquilación. Por más bárbaras que sean, no podrán sobrevivir a las armas del Estado.
Mano firme presidente Uribe. Más firme sí se puede. En un país de gobernantes pusilánimes, de líderes sin carisma o dispuestos a tranzar con los violentos, su talante resulta imprescindible.
Luis María Murillo Sarmiento
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