Por fin todos, como en “El traje nuevo
del emperador”, nos hemos dado cuenta de
la vergonzosa desnudez de la reforma de la justicia. Como en el cuento de Andersen,
el suntuoso traje no existía. La realidad no fue la que hacían ver los
embaucadores, ni la que imaginaron los candorosos embaucados.
Tanta energía derrochada para nada. El
9 de agosto del 2010, primer día hábil de su mandato, Santos se reunió con 78
magistrados de las altas cortes para conciliar un proyecto de reforma que por
el enfrentamiento entre Uribe y los magistrados, particularmente de la Corte
Suprema de Justicia, no pudo adelantarse a pesar de ser tarea de ese gobierno
desde sus albores.
Vista al desnudo, la reforma aprobada
en estos días no es más que un instrumento de beneficios indebidos.
Desde la susceptibilidad de los
magistrados por la revisión de su régimen y sus funciones, hasta el zarpazo
final de los parlamentarios en la conciliación de los textos del acto
legislativo, la reforma fue siempre un escenario de tensión por la pérdida o
por la adquisición de nuevos privilegios. La impunidad y la congestión judicial,
verdaderos motivos para reformar la justicia, fueron en el debate poco
trascendentes. La concesión de facultades jurisdiccionales temporales a
particulares, abogados y notarios para resolverlas, es un recurso paliativo de un
sistema judicial incapaz, que en vez de solucionar delega.
El suceso solo ratifica que la
majestad de la justicia es un infundio, como embeleco la mentada honorabilidad
de los ‘padres de la patria’. Y de hace tiempo: por ineficaz y tendenciosa la
primera, por sórdida e indecorosa la segunda.
Qué intriguen los políticos no es
noticia nueva, pero que los magistrados cabildeen sorprende. ¿Qué imagen nos
dan de su decoro si es cierto el cabildeo en busca de la prolongación de su
período y del aumento de la edad de su retiro? Definitivamente el apego al
poder embriaga hasta a las altas cortes.
Me convenzo una vez más de la
inutilidad de la Constitución de 1991. Entonces por disoluto revocamos el
Congreso, pero bajo la sombra de esa constitución ‘perfecta’ nuevas vergüenzas parlamentarias
padecimos: las del proceso 8000 –vínculo de políticos con el Cartel de Cali-. Bajo
la protección de esa nueva carta otro congreso resultó, en proporciones
alarmantes, representando a los narcoparamilitares. Ahora, otro “congreso
admirable”, que de tal alcanzó a calificar el ministro Vargas Lleras,
protagoniza un acto de indelicadeza inexcusable, legislando en beneficio de
exparlamentarios subjúdice y en su propio beneficio.
Es nuestra eterna ingenuidad que
cambia las sábanas para tratar la enfermedad. Es un hecho: la proclividad al
dolo no desaparece cambiando las constituciones, sólo cambiando la gente y sus conductas.
Los males de ayer son los de hoy, y hasta peores, porque paulatinamente se han
venido degradando las costumbres.
¿Retrocede la justicia con la reforma ya
aprobada? Sin lugar a dudas. La sola mancha en la conciliación es suficiente
para descalificarla. Por lo demás, nunca el proyecto se centró en la resolución
de los reales males, nunca fue bueno; por eso críticos imparciales -no aquéllos
que temiendo perder sus privilegios protestaron- señalaron su inocuidad y sus
vergüenzas. ¿Por qué, entonces, declararnos ahora sorprendidos? Así somos los
colombianos, sin remedio histriónicos. Se han desgarrado las vestiduras hasta quienes
lo permitieron y alentaron
¡La reforma de la justicia debe
hundirse íntegramente!
Luis María Murillo Sarmiento MD
*
El 20 de junio del 2012, tras haber sido aprobada en Cámara
y Senado la reforma a la justicia colombiana, un grupo de parlamentarios
encargado de la conciliación de los textos aceptados introdujo cambios no requeridos
y abusivos que convirtieron el acto legislativo en una descarada norma a su
favor. El Consejo de Estado lo calificó de acto vulgar y vergonzoso, el
presidente Santos la objetó, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, renunció, la ciudadanía empezó la recolección de firmas para un referendo en su
contra y demandó a los parlamentarios ante la Corte Suprema de Justicia.
La conciliación de la reforma, entre otras
perlas, moderó la pérdida de investidura, al punto de no perderse la curul definitivamente.
Exigió, además, una mayoría calificada
en el Consejo de Estado para hacerla más
difícil. Se quitaron también los congresistas la prohibición de financiarse
ellos mismos sus campañas, y consagraron que las acusaciones en su contra deben
ser con documento de identidad y en nombre propios, no anónimas como se permite
contra otros servidores. Y a exfuncionarios y excongresistas detenidos los dejo
en un limbo favorable para abrirles las puertas de la cárcel.
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