PETRO Y LA DEBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

La bufonada en que convirtió Gustavo Petro su destitución, para fortuna de Bogotá, ha concluido. Las burlas a las instituciones y a los fallos quedan por lo pronto en el pasado con la decisión del presidente Santos¹. No faltarán nuevos pícaros que se valgan, para evadir la justicia, de triquiñuelas semejantes, pero la sensatez de nuestras altas cortes ha demostrado que el aprovechamiento perverso de los recursos judiciales no funciona.

De nada valieron los cientos de tutelas impropias de los defensores del Alcalde, entre las que se contaron las de ciudadanos que ni siquiera pertenecían a la circunscripción electoral de Bogotá, y dizque reclamaban el respeto de su voto por Petro; las de contratistas de su administración, con claro interés en la permanencia en el cargo del alcalde; ni los fallos de primera instancia de funcionarios con allegados en dependencias del Distrito; ni las arengas del Alcalde para incendiar al pueblo, ni sus llamados a movilizarse contra decisiones judiciales -¡Qué dislate!-, ni la toma de la Plaza de Bolívar por forasteros partidarios suyos que con sus carpas, su ropa extendida al aire libre, sus ollas y sus vasijas, y la venta y consumo de alucinógenos dieron el aspecto más deplorable que haya tenido lugar tan emblemático. Nada valió, al final, dura lex, sed lex².

Pésimo administrador resultó el congresista que todo criticaba. Del dicho al hecho, dice el adagio popular, hay mucho trecho. Y demasiada distancia hubo entre el acusador artero del Congreso y el alcalde intachable que se esperaba de tanto oírlo denunciar la paja en ojo ajeno. Pero más que un pésimo administrador Gustavo Petro es una amenaza para la democracia. Lo destituyen por aquella pero por esta deberíamos proscribirlo. Nació con talante subversivo, militó por ello en el M-19, físicamente se desmovilizó, pero espiritualmente sigue siendo el mismo guerrillero. No es un ‘Pepe’ Mojica, es evidente; es por el contrario, un Hugo Chávez. Ideas, actitudes y artimañas lo revelan. La sanción impuesta por la Procuraduría lo ha hecho desnudarse. 

Si la estrategia de Petro para enfrentar la sanción que le impusieron hubiera tenido éxito, habría colapsado el sistema de justicia. En adelante hubiera bastado a los hampones buscar el alzamiento de sus seguidores con la certeza de que su voz tendría más peso que los fallos judiciales. Descabellada estratagema, pero nada extraña en  esta orilla: ya recientemente vimos marchas en México pidiendo la excarcelación del ‘Chapo Guzmán’. Pero la justicia no puede ser asunto de votos, ni de simpatías, es de justicia. Que los pueblos pidan cosas absurdas, vaya y venga, pero que los jueces las acepten resulta inaceptable.

Fue Petro un alcalde terco y sesgado, pésimo administrador, arbitrario, improvisador, sectario, incapacitado para gobernar en favor de todos, forjador de odios y empecinado en la lucha de clases, que fue separado del cargo por administrar mal los recursos de la ciudad pese a las advertencias de sus asesores. Hasta el momento nadie ha dicho que haya sido corrupto, pero no serlo no lo exime de castigo. También es una falta dilapidar los bienes puestos a su cuidado. Y Petro ocasionó, con el esquema de basura que impuso, detrimento patrimonial a la ciudad. Eso es para la ley una falta gravísima sancionable con la destitución. Así de simple. Y deberían venir más fallos, pues en muchos otros campos obró con la misma ligereza. Luego no ha sido destituido por ateo, ni por izquierdista³, ni por ser enemigo de la oligarquía, ni como resultado de una persecución, como tan arteramente lo proclama. Sencillamente se aprovechó de la ingenuidad de sus seguidores, ajenos al saber jurídico, y al conocimiento de códigos disciplinarios y a las funciones del Procurador. 

En la interpretación amañada de la realidad, Petro y sus seguidores defienden un mayoría que no les pertenece. Recapitulemos: el destituido alcalde apenas obtuvo en aquellas elecciones 723157 votos  -32.2%-, cuando las corrientes que le eran contrarias, que no lo querían a él como alcalde -las de Enrique Peñalosa, Gina Parody, Carlos Fernando Galán y David Luna-  sumaron 1314929, es decir el 58.65% de la votación. La mayoría pertenece entonces a sus opositores, sin contar que su mala gestión defraudó a muchos de quienes por él votaron. Ergo las mayoría no está con Petro.

Esa mayoría, no por silente merece que no se le respete. Que no armemos carpas en la plaza de Bolívar, que no embadurnemos las paredes con consignas, ni marchemos vociferando por las calles, puede interpretarse como solidaridad con el destituido. No es sencillamente nuestro estilo, no tenemos talante de anarquista, ni pensamos que la fuerza del bárbaro prevalezca sobre la razón; pero compartimos y celebramos la destitución.

El caso Petro puso, una vez más, al descubierto la debilidad de las instituciones en Colombia. Indecisas, subjetivas, divididas y desavenidas permitieron que el disciplinado se las ‘pusiera de ruana’; y permitieron que el epílogo más absurdo pareciera posible.

Su debilidad, no obstante, obraba en favor del encausado, razón de más para considerar abusiva la injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴ pretendiendo torcer a favor del exalcalde un fallo merecido.

Improcedente actitud con un país con separación de poderes, poderes independientes, y con suficientes instancias judiciales para asegurar el respeto de derechos y procesos. Si algo sobra en Colombia son garantías para los infractores, si algo falta, es severidad. El exceso de recursos y las dilaciones solo conllevan impunidad tras la preclusión de los procesos por vencimiento de los términos.

Poco conocimiento jurídico del país parece tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será por ello que sus decisiones poco me deslumbran. Incautas o sesgadas, parecen tendenciosas. Las condenas por Mapiripán⁵, bien vale recordarlo, resultaron vergonzosas. Obligaron al Estado colombiano a indemnizar por víctimas que estaban vivas –como ellas mismas confesaron-, en un fallo claramente manipulado por la izquierda.

Con la destitución, la aventura petrista no termina. Gustavo Petro no es idealista sino revolucionario, y los revolucionarios prefieren más matar que morir por sus ideas. A todo recurrirá, el exguerrillero, para políticamente volver a habilitarse. Recurrirá a los esguinces de la ley, a lo marginal, a las situaciones de hecho,  a la polarización de la población, vaya uno a saber si de nuevo al monte y a las armas. Procurará someternos a su voluntad con cuanto medio encuentre. Su licitud es lo de menos.

Si se lo permitimos reeditará en Colombia las peligrosas andanzas del comandante Chávez, y esta patria en auge padecerá las miserias que hoy vive Venezuela

LUIS MARÍA MURILLO SARMIENTO MD.

1 Destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acatando la sanción impuesta por el Procurador General de la Nación y los fallos de las cortes que reconocieron la legitimidad del mismo.

2 La ley es dura pero es la ley

3 Muchos funcionarios de derecha, entre ellos del gobierno del expresidente Uribe, también fueron por el mismo procurador destituidos.

4. La Comisión interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para frenar la destitución del alcalde. 
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda por la masacre de Mapiripán que terminó en la condena del Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 50 personas. Sucesos posteriores demostraron la mala información que tenían la Comisión como la Corte, al punto de que 40 de las víctimas eran falsas.